Inmobiliaria Miraflores: Entrevista al Dr. Percy García Cavero

El abogado de Inmobiliaria Miraflores Perú, Dr. Percy García Cavero responde a las denuncias del reportaje emitido por la cadena árabe Al Jazeera y difundidas también hoy por el Diario El Comercio sobre la apropiación de terrenos en la ciudad de Piura.

El abogado precisó que la inmobiliaria nunca ha usurpado ningún terreno en sus distintas operaciones que lleva hasta la fecha y que jamás se contrató a los miembros de la banda “La Gran Cruz” para invadir terrenos violentamente como los sostiene el referido reportaje.

García Cavero precisó que ha quedado totalmente demostrado ante la justicia que la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial con miembros de construcción civil para que desalojen unos terrenos que ellos habían invadido. Tiempo después la Policía descubrió que dentro de ese grupo habían algunos miembros de esa banda dedicada a extorsionar empresarios en el norte del país.

A continuación adjuntamos la transcripción completa de la entrevista al abogado de Inmobiliaria Miraflores:

¿Por qué existen denuncias de usurpación contra Inmobiliario Miraflores Perú?

Inmobiliaria Miraflores Perú SAC nunca ha usurpado ningún terreno en sus distintas operaciones que lleva hasta la fecha. Existen unas denuncias que se remontan al año 2012 fundamentalmente, cuando la Inmobiliaria decide emprender la tercera urbanización y adquiere terrenos, que solo podrían adquirir en posesión, dado que se trataban de zonas donde los terrenos eran de carácter eriazo, por lo tanto no existían propietarios, a diferencia de las dos primeras etapas o urbanizaciones que sí pudieron ser adquiridas a sus propietarios, a los que no hubo ningún problema legal o mediático.

Cuando Inmobiliaria Miraflores entra a tomar posesión de estos terrenos adquiridos para la tercera urbanización, comienza hacer las labores de levantamiento topográfico, en ese momento aparecen instituciones y personajes y personas naturales que alegaban también tener derechos posesorios y que ante los trabajos que estaba realizando Inmobiliaria Miraflores Perú SAC, decidieron denunciar a los representantes como autores de los delitos de usurpación.

Todas estas denuncias se acumularon en una macro investigación en el Ministerio Público de Piura, exactamente en el distrito de Castilla y a lo que se ha llegado a determinar luego de las investigaciones correspondientes, es que los representantes de Inmobiliaria Miraflores no tienen ningún tipo de responsabilidad, al punto de haber sido excluida del juicio penal por medio de una resolución judicial que, para los abogados, tiene el carácter de cosa juzgada, es decir, es una decisión inamovible.

Adicionalmente quisiera precisar que, durante estas investigaciones, los denunciantes iniciaron un conjunto de protestas, no solamente contra la Inmobiliaria, sino que también estuvieron dirigidas contra el obispo de Piura, que no tiene ningún tipo de vinculación ni administrativa, ni organizativa, ni mediáticamente con la inmobiliaria, pero fue blanco de esta campaña iniciada por estos denunciantes, con la finalidad evidentemente de presionar en el ámbito judicial, donde ya además existía un primer pronunciamiento de archivo de estas denuncias.

Dada la situación de conflicto social que en ese momento se presentó, se tomó la decisión de reunirse con estas personas y llegar a un acuerdo conciliatorio finalmente se acordó otorgarles algunas liberalidades para que renunciaran a esos derechos posesorios que alegaban tener y estas personas terminaron completamente satisfechas, se llegaron a arreglos plenos, concretos, recibieron las liberalidades a plena satisfacción, tan es así que ellos mismos presentaron escritos, firmados por ellos, a la Fiscalía señalando que el génesis de todas estas denuncias fueron disputas de carácter posesorio, nunca actos de usurpación por parte de ningún representante, administrador, trabajador de la Inmobiliaria Miraflores.

¿Qué sucedió con la invasión realizada por algunos miembros de construcción civil?

Un grupo de agremiados de construcción civil invadió una parte de las hectáreas que habían sido adquiridas, alegando ser también posesionarios con base en constancias de posesión que habían sido emitidas por la Comunidad Campesina de Castilla. Ante esta situación padecimos el requerimiento de un pago para poder devolver de alguna manera las tierras que habían sido adquiridas y luego de hacer un análisis por parte de la Inmobiliaria sobre la poca viabilidad que tenían en esas circunstancias poder ir a las vías judiciales correspondientes, no solamente por el escaso apoyo policial que en ese momento se tenía y además la lentitud y los problemas que hay en la administración de justicia que todos conocemos, se tomó la decisión de tener que pagar nuevamente por esas 87 hectáreas y adicionalmente tener que ceder al pago de un requerimiento de “seguridad” con la finalidad de que nuevamente estos terrenos no sean ocupados. Lo que también se tuvo que tomar en su momento, en la medida en que la Inmobiliaria no contaba con un sistema propio de seguridad interna que permitiese pues hacer frente a este riesgo, que es un riesgo bastante usual en la zona dado precisamente la existencia de estos gremios de construcción civil, empresas constructoras, inmobiliarias que inician estos proyectos en zonas eriazas, en zonas donde la propiedad todavía no se encuentra completamente definida.

En ese momento la Fiscalía del Crimen Organizado de Lima realizaba en coordinación con la policía especializada una investigación contra este sector de los agremiados de construcción civil por diversos delitos que habrían cometido como una asociación criminal. En estas investigaciones estas personas fueron incluso intervenidas y en las investigaciones se llegó claramente a establecer que Inmobiliaria Miraflores fue sujeto a requerimientos indebidos por la invasión de las 87 hectáreas y que los pagos por seguridad eran evidentemente exigencias que tampoco tenían un fundamento legal, al punto también que dejaron inmediatamente de pagarse en la medida que estas personas fueron debidamente detenidas y procesadas. Luego de todo esto quedo absolutamente demostrado que Inmobiliaria Miraflores no fue más que una víctima de estos requerimientos indebidos por parte de este sector de construcción civil.

¿Qué pasó con las demás denuncias?

La denuncia importante que es la que acumula todas las denuncias por usurpación como lo comenté también, terminó excluyendo dentro del proceso penal a los directivos de Inmobiliaria Miraflores. Sin embargo, con posterioridad a ello, aparecieron otras personas alegando tener derechos posesorios seguramente motivados por la denuncia pública de que se había llegado a ciertos arreglos con los anteriores denunciantes y se habían hecho pagos de liberalidades. Precisamente la Comunidad Campesina de Castilla es la que comenzó permanentemente a enviar cartas notariales exigiendo pagos porque ellos eran propietarios “de toda la vida”, de prácticamente de todo el distrito de Castilla, me refiero a la Municipalidad de Castilla, del estadio, del hospital, los colegios, todo, según la tesis que defiende la Comunidad Campesina de Castilla, les pertenece, por lo tanto tenía que pagársele a ellos.

Como no se accedió a este requerimiento ellos procedieron primero a demandar civilmente la nulidad de las adquisiciones y como tampoco les fue bien procedieron a denunciar penalmente a los distintos representantes y directivos de la Inmobiliaria por una infinidad de delitos, delitos como asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, falsificación de documentos, usurpación, corrupción de funcionarios, todas esas investigaciones han sido archivadas por el Ministerio Público desde las primeras diligencias de investigación, es decir, han sido tan arbitrarias en sus planteamientos que el Ministerio Público ha llegado a la convicción de que no existe fundabilidad ni verosimilitud de las denuncias hechas por parte de la Comunidad Campesina de Castilla y en esa perspectiva todos estos procesos están terminando en un archivo. Y creo que es lo que ha motivado también que en los últimos tiempos se traten de revivir, ya no con fines legales, sino más bien con fines periodísticos.

¿A raíz de todo lo sucedido, tienen alguna autocrítica a su proceder?

Si tenemos que hacer una autocrítica sería no haber evaluado suficientemente las contingencias legales de adquirir terrenos en posesión. En ese momento era la única alternativa de poder seguir desarrollando proyectos urbanísticos que se tenían, pero definitivamente no hubo una adecuada ponderación, del nivel de informalidad y de la explotación o abuso que muchas instituciones, que están alrededor de estos proyectos, quieren hacer cuando empresas invierten en este sector.

Tan es así que hoy por hoy Inmobiliaria ha incorporado un protocolo muy estricto con la finalidad que no se vuelva a producir una situación como la que ha sucedido en el 2012.

¿Ha tenido contacto con el periodista Daniel Yovera?

A final de octubre del 2016 el periodista Daniel Yovera, en representación de tres instituciones, la cadena internacional árabe Al Jazeera, La Mula y la Revista Poder pidió tener una entrevista con determinados representantes de Inmobiliaria Miraflores en, como se trataba de un tema legal, me encargaron a mí ocuparle de darle la información al periodista, así como, tener también la entrevista que él quería tener. En un primer momento yo le escribí, me enteré además porque, yo resido en Piura, la ciudad no es tan grande, más bien es pequeña, que el señor Yovera estaba en Piura, estaba realizando tomas del Arzobispado, además realizando grabaciones fílmicas en la catedral, entonces lo llamé por teléfono –porque él nos había brindado su teléfono- para decirle que si está en Piura, yo estoy en Piura, porque no nos reunimos para poder darle la entrevista y toda la información. De hecho tenía yo dos files con 23 documentos que quería entregárselos para que él sepa realmente cuál era la situación o cómo habían sido los hechos que él estaba investigando. Sin embargo, él no me atendió en ese momento, me dijo que le resultaba imposible por su agenda. Posteriormente quedamos en tener una entrevista en la ciudad de Lima y para ello él me alcanza un conjunto o de preguntas, en el que claramente se sostiene cosas absolutamente calumniosas, calumniosamente falsas y que ya demostraban que ese direccionamiento que habíamos podido percibir por su visita en Piura, por las tomas que había hecho, por el montaje de una protesta ante el arzobispado que está claramente acreditado. Confirmamos que la labor del periodista no era objetiva, sino que tenía unos intereses que en ese momento quizás no reconocíamos con total claridad.

El señor Yovera preguntaba sobre aspectos absolutamente irrazonables, como negociaciones en capillas, con sacerdotes que iban a comprar posesiones a los posesionarios y además amparado en la declaración de expresidiarios, personas que tiene más de diez páginas de procesos, diez páginas de antecedentes con procesos de fiscalía, personajes que han sido procesados y condenados algunos de ellos incluso por actos vinculados a criminalidad organizada, construcción civil, homicidios. Entonces, dado el tipo de preguntas y el tipo de fuentes que tenía, claramente nosotros no podíamos sentarnos en una entrevista con este señor, porque para nosotros era evidente que se trataba de una emboscada.

Frente a esto decidimos enviarle una carta notarial diciéndole las razones por las que nosotros no íbamos a aceptar darle la entrevista y, además, adjuntándole antecedentes fiscales de sus fuentes, para que sepa y evalúe el nivel de credibilidad que ellos tenían. El señor Yovera nos volvió a enviar otras cartas con preguntas, las que absolvimos todas documentalmente incluso por vía también escrita, ya no a través de una entrevista y ya hemos tomado recientemente conocimiento por cierto medio de comunicación que existe un nivel de coordinación entre este señor, entre el señor Yovera y otros periodistas que han impulsado ciertas líneas de investigación en contra de la institución del Sodalicio y no nos cabe hoy la menor duda de que desde un principio este periodista montada para dañar, para perjudicar la imagen del Sodalicio, cuando la verdad es que toda la actividad realizada por Inmobiliaria Miraflores Perú SAC se realizó en el marco de la legalidad, no cometiéndose ningún hecho delictivo.

Reitero que nuestro único error fue infravalorar la situación de informalidad que lamentablemente tiene el sector inmobiliario en nuestro país y específicamente en el norte del Perú y también el hecho de no haber podido medir, en todo caso, que esto podía ser utilizado periodísticamente por otros intereses que intentan golpear a la institución.