A continuación compartimos la carta de pedido de rectificación enviada por nuestro hermano José Antonio Dávila, Asistente General de Temporalidades del Sodalicio de Vida Cristiana, al Sr. Gustavo Mohme Seminario, director del diario La República, en rechazo a las afirmaciones falsas hechas en un artículo publicado el 22 de diciembre de 2023 en dicho diario.

Puede acceder a la carta en PDF aquí.

Este pedido de rectificación no fue atendido por el Diario La República por lo que no fue publicada en dicho medio.

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Lima, 30 de enero de 2024

Señor
Gustavo Mohme Seminario
Director del Diario La República
Jr. Camaná 320, Cercado de Lima,
Lima – Perú.

Estimado Sr. Mohme,

Me dirijo a usted, en mi calidad de responsable de los asuntos económicos (Ecónomo General) del Sodalicio de Vida Cristiana, para expresar nuestro desacuerdo con la información vertida en el artículo publicado el 22 de diciembre de 2023 en su diario, titulado “Abogado del Sodalicio infiltró la Fiscalía para atacar a periodistas” de la periodista Maria Elena Hidalgo.

El artículo en mención incurre en afirmaciones contrarias a la verdad que, en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la réplica, aclaramos a continuación: La autora del artículo inicia este con el siguiente encabezado:

“Comprobado. El fiscal Rafael Vela no solo destapó que la fiscal de la Nación le pidió que le hiciera el favor de atender a su amigo, el abogado del Sodalicio José Luis Hauyón, sino también que no desactivara el caso sin pruebas por lavado de activos contra la reportera Paola Ugaz. Hauyón estaba detrás de las campañas de difamación”.

Estas afirmaciones buscan ser reforzadas a lo largo de todo el artículo, tanto con declaraciones de los periodistas, como con declaraciones del fiscal Vela.

En primer lugar, debemos decir que el Dr. José Luis Hauyón no es abogado del Sodalicio, y nunca ha representado a la institución. Es abogado de algunos miembros de la institución. Es de lamentar que en el artículo no se establezca la diferencia entre una persona jurídica y una persona física.

En segundo lugar, se sugiere en este encabezado que la amistad entre el abogado Hauyón y la Fiscal Benavides habría actuado a favor del Sodalicio. Reforzando esta idea, más adelante se dice: “Hauyón se infiltró en el Ministerio Público no solo para desactivar los casos contra sus clientes investigados por organización criminal y lavado de activos, entre otros graves delitos”. Como explicaremos, esto no se verifica en la realidad.

En tercer lugar, se afirma que las influencias habrían buscado que no se desactivaran los casos de lavados de activos contra Paola Ugaz, e incluso “emprender acciones legales y campañas de desprestigio en agravio de los periodistas Ugaz, Salinas y Yovera, al acoger denuncias de miembros del Sodalicio sin ningún fundamento, con la única finalidad de silenciarlos”. Esto tampoco se demuestra al contrastar los hechos.

En cuarto lugar, la más elemental de las normas éticas del periodismo requiere recabar la versión de la parte denunciada, lo que no ha ocurrido en este y en otros artículos publicados en su diario respecto del Sodalicio. De haberlo solicitado hubiéramos hecho los descargos que ahora exponemos.

La verdad de los procesos contra el Sodalicio

Ya que el artículo sugiere que el Sodalicio se ha visto favorecido por las acciones del abogado Hauyón y el favor de la Fiscal Benavides, exponemos cuales son las investigaciones contra miembros o ex miembros del Sodalicio que siguieron en curso o se iniciaron durante el tiempo de vigencia de la Fiscal (20.06.2022 hasta 07.12.2023), sobre las que supuestamente ella habría podido tomar decisiones.

Denuncia de mayo de 2016, por Secuestro, Lesiones Graves y Asociación Ilícita

El 10 de mayo de 2016 Pedro Salinas y otros 4 ex miembros del Sodalicio presentaron una denuncia penal contra Luis Fernando Figari y otros, por los delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita. Esta denuncia lleva ocho años de investigación, tiempo en el que se han dictado 5 archivos por las distintas fiscalías provinciales que han tenido a cargo la investigación (enero de 2017, octubre de 2019, diciembre de 2022, abril de 2023 y junio de 2023). Estos archivos han sido anulados parcialmente en segunda instancia debido a los recursos presentados por los denunciantes.

La última anulación del archivo de este caso fue el 28 de agosto de 2023. La Fiscal de la Nación para esa fecha era Patricia Benavides, y el abogado de Luis Fernando Figari es José Luis Hauyón (desde el 2019). Si fuese cierta la versión de su diario sobre las influencias de Hauyón, ¿por qué los casos no se archivan definitivamente? La realidad muestra lo contrario a lo afirmado en la nota periodística, porque pese a las supuestas gestiones del abogado Hauyón con la Fiscal Patricia Benavides, el caso no se ha archivado y se ha vuelto a declarar nulo por quinta vez.

Denuncia de diciembre de 2022, por Lavado de Activos

El 21 de diciembre de 2022, luego de archivar la investigación por secuestro, lesiones y asociación ilícita, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado dispuso remitir copias de la información económica que había llegado a su expediente a la Fiscalía de Lavado de Activos, para que se inicie una investigación preliminar por lavado de activos contra diversas personas naturales y jurídicas relacionadas con el Sodalicio. Visto que la disposición que ordenaba enviar esta información fue quejada, en febrero de 2023, la Fiscalía Superior de Crimen Organizado anuló la decisión de archivo y también la orden de remisión de copias. Luego, en abril de 2023 la Fiscalía de Lavado de Activos dispuso no abrir investigación en base a la decisión de la Fiscalía Superior de Crimen Organizado.

El artículo afirma: “Ese vínculo estrecho, íntimo, secreto entre Benavides y Hauyón, explica por qué la fiscal de la Nación, a principios de este año, llamó directamente al fiscal superior Rafael Vela para que recibiera a su amigo José Luis Hauyón”. La periodista quiere hacer ver la reunión como un tráfico de influencias, pero se trata de una afirmación muy grave y sin sustento. La reunión de un abogado con un fiscal es absolutamente legítima dentro de los procedimientos del Ministerio Público. El fiscal Vela ha reconocido que se llevó a cabo la reunión y que se trató justamente del archivo del caso que vino de la Fiscalía de Crimen Organizado, el mismo caso que tiene 5 archivos durante los más de 8 años de investigación.

Denuncia de abril de 2023, por Lavado de Activos

El artículo también dice: “De acuerdo con el testimonio del fiscal Rafael Vela, José Luis Hauyón estaba muy interesado también en la investigación de las empresas “off shore” del Sodalicio, que fueron descubiertas como parte del caso Panama Papers. Era evidente que Hauyón, aprovechando su relación directa con Patricia Benavides, pretendía archivar los casos de sus patrocinados”.

En primer lugar, no existe ninguna investigación relacionada con las Panama Papers. Si existe una vinculada con el Proyecto Global Pandora Papers, cuya información sirvió para que en abril de 2023 la 1° Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Lavado de Activos dispusiera separar en 12 investigaciones los casos relacionados con empresarios y políticos, entre los que se encuentran, por ejemplo, Mario Vargas Llosa; el ex presidente, Pedro Pablo KKuczynski; el ex vicepresidente, Raul Diez Canseco; y otros empresarios. En uno de los 12 casos se inició una investigación preliminar, por el presunto delito de lavado de activos, contra algunos sodálites e instituciones relacionadas con el Sodalicio. Una vez más, a pesar de que en ese entonces, la Fiscal de la Nación era Patricia Benavides y José Luis Hauyón es abogado de uno de los sodálites investigados, la Fiscalía abrió investigación.

La verdad de los procesos contra los periodistas

La nota periodística destaca que ahora quedaría claro que el “operador” del Sodalicio sería José Luis Hauyón, quien habría aprovechado para “emprender acciones legales y campañas de desprestigio en agravio de los periodistas Ugaz, Salinas y Yovera, al acoger denuncias de miembros del Sodalicio sin ningún fundamento, con la única finalidad de silenciarlos”. Si se analiza los procesos que tienen estos tres periodistas que mantienen vínculos con su diario, tal afirmación no se sostiene. Estos periodistas han sido demandados por difamación por diversas personas, mediante querellas en el Poder Judicial, donde no interviene el Ministerio Público, por lo que ningún Fiscal de la Nación tiene capacidad de influir en este tipo de procesos. Por tanto, incluso si el abogado fuese el Sr. Hauyón, no pudo haber influencia de ningún fiscal, como sugieren erróneamente ustedes en su artículo.

Además Paola Ugaz y Pedro Salinas han sido involucrados en casos de corrupción de funcionarios del Estado, en los que el Sodalicio o el abogado Hauyón no tienen ni han tenido ninguna participación. En concreto, durante el periodo de la Fiscal Benavides las denuncias que han tenido estos periodistas en la FIscalía, según ellos han informado, son las siguientes:

Pedro Salinas

Denuncia de diciembre de 2018, por Corrupción

La Fiscalía Anticorrupción abrió investigación a Pedro Salinas en diciembre de 2018. En el artículo se recoge el testimonio de Salinas que dice: “Hauyón es la pieza de rompecabezas que faltaba completar. Era evidente que había una conexión entre la campaña mediática contra nosotros tres y la rapidez con la que el Ministerio Público admitía a trámite demandas calumniosas que no tenían ningún sentido, que se te escurrían entre los dedos porque no había nada, no había pruebas”. Pero lo dicho no se aplica a su caso, porque cuando se inició la investigación la Fiscal de la Nación era Zoraida Ávalos, no Patricia Benavides. Se le investiga por una consultoría que prestó mediante su empresa CHISAC al Fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Fue por esta investigación que en enero de 2022, la Fiscalía Anticorrupción allanó la casa de Pedro Salinas e incautó su celular.

Paola Ugaz

Paola Ugaz fue querellada por difamación por el Arzobispo de Piura el 2018. Al respecto dice Ugaz en el artículo: “Los problemas empezaron cuando investigué el movimiento financiero del Sodalicio. Me llovieron las demandas. Tuve el triste título de ser la periodista con más demandas en el país. En un principio estuvo el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, quien nos demandó a Pedro Salinas y a mí”. Lo que no dice Ugaz, ni la autora del artículo, es que el Arzobispo interpuso una querella, de la cual luego desistió, que se ven en el Poder Judicial, pero además, en ese momento la Fiscal de la Nación era Zoraida Ávalos.

Denuncia de febrero de 2021, por Lavado de Activos

Según Salinas sugiere, por la influencia de Hauyón en tiempo de la Fiscal Benavides “el Ministerio Público admitía a trámite demandas calumniosas que no tenían ningún sentido”. Pero esto tampoco se cumple en el caso de Paola Ugaz. Cuando se dispuso incluir a Ugaz en la investigación que se sigue a Susana Villarán y su entorno, la Fiscal de la Nación era Zoraida Ávalos. Es más, en julio de 2023, se archivó esta investigación a favor de Paola Ugaz, siendo la Fiscal de la Nación Patricia Benavides.

En agosto de 2023 se declaró consentida esta decisión de la Fiscalía, porque no se impugnó. Pero el artículo sostiene: “Cuando se produjo el encuentro entre Vela y Hauyón, el fiscal quedó sorprendido cuando el abogado del Sodalicio le pidió que no archivara el caso abierto contra la periodista Paola Ugaz”. Sin embargo, el caso que había sido consentido nunca fue visto por el Fiscal Vela Barba, porque él solo era coordinador y nunca llegó a la instancia superior, que él coordinaba. Por lo mismo, resulta inverosímil que el abogado José Luis Hauyón haya querido influenciar al Fiscal Vela en este caso, como sugiere el artículo.

Denuncia de abril de 2023, por Enriquecimiento Ilícito

En abril de 2023, la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación contra Paola Ugaz por delito de enriquecimiento ilícito. Si bien la Fiscal de la Nación en ese entonces era Patricia Benavides, la denuncia fue derivada a la fiscalía correspondiente, que es independiente. No tenemos conocimiento de alguna participación de Hauyón en este caso.

Daniel Yovera

Dice el artículo: “Al mismo estilo que en el caso de Paola Ugaz y Pedro Salinas, fiscales bajo las órdenes de Patricia Benavides, desataron una persecución contra Yovera”. Además el propio Yovera dice en el artículo: “La forma como conseguía la defensa del Sodalicio, que es el estudio Hauyón, mantener vivo el caso, tanto para mí como para Paola Ugaz siempre nos pareció bastante extraño”. Ambas afirmaciones carecen de cualquier sustento, porque Yovera no ha tenido ninguna denuncia en la Fiscalía, por tanto, ni Hauyón ni la Fiscal Benavides pudieron actuar en su caso. Yovera enfrenta una querella por Difamación Agravada que en julio de 2019 le interpuso Alberto Gómez de la Torre, el mismo que también ha querellado a Paola Ugaz. En ninguno de los casos ha intervenido el Ministerio Público, que según el artículo, es donde el abogado Hauyón tiene influencia. El Poder Judicial ha ordenado que las querellas se vuelvan a abrir.

Otras desinformaciones en el artículo

En el artículo Paola Ugaz dice que se habría formado “pagado por el Sodalicio [..] un ecosistema de la desinformación”, con el supuesto concurso de otros medios y periodistas. ¿Tiene La República alguna prueba que confirme lo dicho por Ugaz? Sus dichos constituyen una difamación inaceptable, que la ética periodística exige probar, lo cual no ha ocurrido.

Se dice también en el artículo: “De acuerdo con la abogada Raiza Arroyo, defensa de las víctimas, cuatro sodálites fueron excluidos [de la investigación sobre organización criminal] a pesar de que existían evidencias, y lo hizo contradiciendo lo que previamente otros fiscales superiores habían dicho”. En primer lugar se omite decir que antes dos fiscalías provinciales archivaron el caso. En segundo lugar, no es verdad que “otros fiscales superiores” han visto el archivo. El archivo en segunda instancia para estos sodálites lo vió solo un Fiscal Superior que rechazó la queja interpuesta por los denunciantes por falta de fundamentos, y archivó definitivamente el caso. Tampoco en este caso la periodista contrastó la versión de la abogada Arroyo, faltando nuevamente a la ética periodística.

En otra parte del artículo se afirma que el Sr. Luis Baertl Jourde es sodálite. No lo es, ni nunca lo ha sido.

La República insiste en usar las declaraciones del testigo F.N.P a pesar que les enviamos una amplia carta el 14.09.2023, que faltando al derecho a réplica, el diario nunca publicó. Esta vez el artículo sostiene que, según el mismo testigo, “Eguren y otro miembro prominente del Sodalicio, el sacerdote Jaime Baertl Gómez, sostenían reuniones sobre los negocios de la organización religiosa”. Una vez más el diario tergiversa la versión del testigo F.N.P , porque este ha dicho que sí se reunían, pero en ningún momento ha dicho que tenían “reuniones sobre los negocios” del Sodalicio. Eso es pura especulación, porque como explicamos aquella vez en la carta aclaratoria, el testigo ha manifestado en su declaración en la Fiscalía que “siempre estuvo al margen de los manejos económicos. […] no pertenece al Sodalicio desde el 2012, no trabajó ni participó en la dirección o administración de ninguna de las empresas mencionadas, ni recibió ninguna documentación relevante sobre éstas”. El testigo no tiene cómo saber para que se reunían, porque él mismo ha señalado que no tenía conocimiento de lo tratado en las reuniones.

Las acusaciones vertidas en el artículo faltan a la verdad, y no se sustentan en la realidad. Se basan fundamentalmente en las declaraciones de parte de los periodistas vinculados a La República, y de la abogada de los denunciantes, Raiza Arroyo, que también ha actuado como periodista del diario. Este proceder, propio de una columna de opinión, es inaceptable en una crónica periodística, en la que existe la obligación de contrastar las fuentes y sustentar las acusaciones, que en este caso se vierten con enorme ligereza.

Las carencias de información se podrían haber resuelto si La República nos hubiese buscado. Lamentamos la falta de interés por parte de los periodistas en buscar la información de contraste. Como resultado de este proceder, el artículo insinúa acusaciones graves que carecen de evidencia y afectan el buen nombre de muchas personas involucradas. Esto es más grave aún porque la noticia se destacó en la portada del diario.

Dados los argumentos expuestos, en el ejercicio de nuestro derecho a rectificación, solicitamos que esta carta sea publicada de manera proporcional a la noticia en su diario.

Atentamente,

José Antonio Dávila
Asistente General de Temporalidades
Sodalicio de Vida Cristiana