A continuación compartimos la carta de pedido de rectificación enviada por nuestro hermano José Antonio Dávila, Asistente General de Temporalidades del Sodalicio de Vida Cristiana, al Sr. Gustavo Mohme Seminario, director del diario La República, por no solicitar nuestra versión ante las afirmaciones falsas hechas en el artículo “El factor Rafael López Aliaga”, escrito por la periodista Paola Ugaz, publicado el 8 de julio de 2024 en dicho diario. Puede acceder a la carta en PDF aquí.
Ante la extendida demora del diario La República en publicar la carta de pedido de rectificación, nuestro hermano José Antonio Dávila recurrió al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP). El Tribunal de Ética del CPP declaró concluida la solicitud de rectificación tras la publicación de la carta en la versión impresa del diario La República el 1 de septiembre de 2024.
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Lima, 18 de julio de 2024
Señor
Gustavo Mohme Seminario
Director del Diario La República
Jr. Camaná 320, Cercado de Lima,
Lima – Perú.
Estimado Señor Mohme,
Me dirijo una vez más a usted en mi calidad de Asistente General de Temporalidades del Sodalicio de Vida Cristiana para expresar nuestro firme rechazo con la información publicada en el artículo titulado “El factor Rafael López Aliaga”, escrito por la periodista Paola Ugaz y publicado en la edición de su diario del 8 de julio de 2024.
Lamentamos profundamente que la mencionada periodista no haya cumplido con el deber ético de solicitarnos nuestra posición sobre los temas abordados en su artículo. No hemos recibido ningún tipo de comunicación de parte de ella para pedir nuestra versión de los hechos. Además, rechazamos categóricamente las afirmaciones contenidas en dicho artículo por ser inexactas y distorsionar la realidad. En ejercicio de nuestro derecho constitucional a la rectificación, aclaramos lo siguiente:
1. El Sodalicio es una institución de la Iglesia Católica, debidamente reconocida por la Santa Sede como Sociedad de Vida Apostólica Laical de Derecho Pontificio. Su naturaleza y finalidad es la evangelización en diversas áreas humanas, siguiendo las orientaciones de la Iglesia y atendiendo a sus necesidades. Dicha condición es pública y notoria. Es ofensivo que la periodista se refiera a nuestra institución como “Sodalicio S.A.”, dejando en evidencia el deseo de desinformar y afectar el derecho a la buena fama de nuestra comunidad y sus integrantes.
2. El Sodalicio de Vida Cristiana, como toda institución eclesial, requiere de recursos económicos para cumplir sus fines, asegurar la sostenibilidad de sus comunidades y de las obras que promueve en varios países. Con el fin de responder a esas exigencias, algunos de sus miembros y otras personas cercanas al Sodalicio han desarrollado iniciativas e instituciones, las cuales son jurídicamente autónomas y se rigen por sus estatutos y la normativa legal vigente, así como por los principios de la moral cristiana y la Enseñanza Social de la Iglesia. Contrariamente a lo que sugiere el artículo, sin ningún sustento probatorio, ninguna de estas instituciones ha incurrido en delitos como lavado de activos, defraudación tributaria, aprovechamiento ilegal del acuerdo Iglesia-Estado en el Perú ni cualquier otro.
3. Es falso que el Sodalicio sea dirigido por el sacerdote Jaime Baertl como indica la periodista. Conforme a lo que establece el derecho canónico, el gobierno del Sodalicio es ejercido por el Superior General, acompañado por los miembros de un Consejo Superior, los cuales son elegidos por la Asamblea General. La última estuvo acompañada por los Delegados Pontificios, designados por la Santa Sede para orientar el proceso de renovación en el que se encuentra avanzando nuestra comunidad. La Santa Sede aprobó la elección de las nuevas autoridades.
4. Respecto a las decisiones económicas del Sodalicio, dentro y fuera del Perú, la responsabilidad operativa es de quien suscribe la presente carta. Las instituciones distintas del Sodalicio son autónomas, independientes y sus decisiones son tomadas por órganos colegiados. El sacerdote Jaime Baertl no participa en temas administrativos o económicos de nuestra institución desde hace muchos años.
5. La Asociación Civil San Juan Bautista (asociación relacionada al Sodalicio y propietaria de los cementerios Parque del Recuerdo) tiene entre sus fines la promoción de cementerios y la generación de recursos para apoyar las obras de la Iglesia Católica. En cumplimiento de dichos fines, la Asociación Civil San Juan Bautista ha generado recursos económicos, los que han servido para ayudar al Sodalicio y a otras instituciones católicas y obras de caridad. Durante el tiempo en que los cementerios fueron constituidos como Misiones, en cumplimiento de las leyes peruanas y canónicas, el Sodalicio asumió la administración de los cementerios para dar a los camposantos un carácter sagrado de conformidad con la fe católica.
Al respecto, queremos desmentir las afirmaciones falsas que desarrolla la periodista en el reportaje:
a) Es falso que “forzando el derecho canónico” el Sodalicio haya utilizado una “fórmula mágica” como lo afirma la periodista evidenciando su absoluto desconocimiento sobre las normas eclesiales y las que regulan el Acuerdo Iglesia-Estado Peruano (Concordato). El Concordato reconoce no sólo a las diócesis, parroquias y misiones, sino a todas las entidades con personería canónica. Cualquier entidad de la Iglesia puede ser propietaria de cementerios católicos.
b) El Sodalicio no buscó refrendar la supuesta “ficción creada” por el abogado Carlos Valderrama, al solicitar la validación del Cardenal Luis Martínez Sistach otorgándole a cambio una buena suma de dinero. Como corresponde a las buenas prácticas en el derecho, tanto canónico como civil, se buscó el parecer de reconocidos canonistas. En este caso, el informe fue solicitado por el Instituto de Derecho Eclesiástico presidido por el Dr. Carlos Valderrama, a pedido del entonces Obispo de Lurín, Mons. José Ramón Gurruchaga, y no hubo ninguna retribución económica al Cardenal Martínez Sistach, contrariamente a lo que deja entender la periodista.
c) Es falso que el Sodalicio o cualquiera de sus miembros hayan buscado “sacarle el jugo al Concordato” para evadir impuestos al Estado Peruano, puesto que el Concordato no proporciona ningún beneficio distinto al que tiene una asociación sin fines de lucro en el Perú si ésta administra un cementerio. Estas misiones no pagaban Impuesto de Renta (IR), porque las leyes peruanas las equiparan a las asociaciones sin fines de lucro. Tampoco pagaban el Impuesto General a las Ventas (IGV) porque en el Perú las cesiones de sepulturas no son afectos a ellos. Bastaba revisar las leyes peruanas para entender esto. Prescindir de esta información desvirtúa la naturaleza de los cementerios católicos que, lejos de ser un mero negocio, son lugares sagrados y forman parte de las obras propias de la Iglesia Católica. Como tales, se rigen por el derecho canónico (cánones 1240 a 1243), lo cual es plenamente reconocido por la legislación peruana.
6. Es falso que el Sodalicio busque “esconder el dinero para no reparar a sus víctimas” tal como se señala en el artículo. El Sodalicio no esconde ningún dinero. Toda la información económica ha sido auditada por décadas y se viene informado minuciosamente al Cardenal Tobin desde el 2016, y a la Misión Especial Scicluna-Bertomeu cuando lo ha solicitado.
Es falso que el Sodalicio no tenga intención o busque excusas para no reparar a las víctimas. Desde el año 2016 el Sodalicio viene desarrollando un programa de reparación a las personas que han sido víctimas de abuso de alguno de sus miembros o ex miembros a través de su Oficina de Escucha y Asistencia. Al 31 de diciembre de 2023, se han realizado 73 procesos de reparación (correspondientes a 13 casos de abusos sexuales a menores, 16 de abusos sexuales a mayores y 44 de otros tipos de abuso) a través de procesos extrajudiciales. Ninguna reparación se ha realizado por mandato judicial en ningún país donde se encuentra el Sodalicio. Esta información ha sido entregada en varias oportunidades a la Santa Sede, también en el 2023 a la Mision Scicluna-Bertomeu y es accesible a través de la web del Sodalicio. Llama la atención que la periodista omita cualquier referencia a esta información que ya ha sido divulgada inclusive en la prensa.
Dados los argumentos expuestos, en el ejercicio de nuestro derecho constitucional a rectificación, solicitamos que esta carta sea publicada de manera proporcional a la noticia difundida en su diario por el grave daño al honor de nuestra institución. Esperamos que esta vez sí cumplan con publicar nuestra rectificación, además de contar con una respuesta de su parte, a diferencia de las dos cartas anteriores que enviamos a usted el 14/09/2023 y el 30/01/2024.
Atentamente,
José Antonio Dávila
Asistente General de Temporalidades
Sodalicio de Vida Cristiana